Desinstitucionalización: ¿un término encubridor de precarización?
La desinstitucionalización es un concepto que ha estado en el centro del debate en el ámbito de la salud mental y la atención a personas con discapacidades durante décadas. Se refiere a un proceso mediante el cual las personas son trasladadas desde instituciones como hospitales psiquiátricos o centros residenciales hacia entornos comunitarios. Con el objetivo de promover su integración social y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, en muchos casos, este proceso se ha visto acompañado de una serie de desafíos y críticas, y ha sido objeto de controversia debido a sus implicaciones en términos de precarización de los servicios y la atención. Como es nuestra residencia de ancianos en Granada, que tiene una atención integral en los cuidados de los mayores.
Un cambio de paradigma: de la institución a la comunidad
La desinstitucionalización surge como respuesta a las críticas hacia los modelos tradicionales de atención. Estos se centraban en el aislamiento y la segregación de las personas con problemas de salud mental o discapacidades en grandes instituciones cerradas. Estos modelos, que se desarrollaron en el siglo XIX, fueron objeto de numerosas denuncias por su falta de humanidad. Fundamentalmente debido a sus condiciones inhumanas y su enfoque deshumanizador hacia los pacientes.
En contraposición a este enfoque, la desinstitucionalización propone un cambio de paradigma, basado en el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la autonomía de las personas. El objetivo es que las personas con problemas de salud mental o discapacidades vivan en entornos comunitarios. Donde tengan acceso a servicios de apoyo y puedan participar activamente en la vida cotidiana.
Los desafíos de la desinstitucionalización
Aunque la desinstitucionalización puede tener beneficios significativos, también plantea una serie de desafíos y preocupaciones. Especialmente en lo que respecta a la precarización de los servicios y la atención. Uno de los principales problemas es la falta de recursos y apoyo adecuados en los entornos comunitarios para satisfacer las necesidades de las personas que están siendo trasladadas desde las instituciones.
En muchos casos, las personas que son desinstitucionalizadas se enfrentan a una falta de vivienda adecuada, atención médica, apoyo social y servicios de rehabilitación. Esto puede dejarlas en una situación de vulnerabilidad y riesgo. Dificultando su integración en la comunidad. Además, la falta de recursos puede llevar a una atención fragmentada y de baja calidad. Lo que puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de las personas afectadas.
Otro de los principales desafíos es la dificultad que tienen las personas cuidadoras con la sobrecarga de cuidados. Que en muchos casos es la principal causa de que las personas mayores lleguen a una residencia de ancianos en primer lugar.
La precarización de la atención: un problema persistente
A menudo, detrás del término «desinstitucionalización» se esconde una realidad mucho menos positiva: la precarización de la atención. En muchos casos, el traslado de personas desde instituciones hacia entornos comunitarios no va acompañado de una mejora significativa en los servicios y la atención que reciben. Por el contrario, puede resultar en una reducción de los recursos disponibles y una disminución de la calidad de la atención.
La precarización de la atención se manifiesta de diversas formas. En primer lugar, puede implicar una falta de financiación adecuada para los servicios comunitarios. Lo que limita su capacidad para proporcionar atención de calidad a las personas que la necesitan. Además, puede conducir a la externalización de servicios a manos de empresas privadas. Estas a menudo priorizan el lucro sobre las necesidades de las personas.
Otro aspecto de la precarización de la atención es la falta de personal cualificado y formado adecuadamente para trabajar con este tipo de personas. La falta de personal puede dar lugar a una atención insuficiente, deshumanizada y poco centrada en las necesidades individuales de las personas afectadas.
La necesidad de un enfoque integral y centrado en las personas
Para abordar estos desafíos y garantizar que la desinstitucionalización se traduzca en una mejora real en la calidad de vida de las personas afectadas, es fundamental adoptar un enfoque integral y centrado en las personas. Esto implica garantizar que las personas tengan acceso a una atención de calidad y a los servicios de apoyo necesarios para satisfacer sus necesidades individuales.
Además, es importante reconocer que la desinstitucionalización no es un proceso único y lineal. Es un proceso continuo que requiere un compromiso a largo plazo por parte de los gobiernos, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Esto incluye la inversión en recursos y servicios adecuados, la promoción de políticas y prácticas inclusivas. Así como el empoderamiento de las personas afectadas para que participen activamente en las decisiones que afectan a sus vidas.
En última instancia, el objetivo de la desinstitucionalización debe ser promover la inclusión social, el respeto a la dignidad humana y el bienestar de todas las personas. Independientemente de su condición o situación. Solo mediante un enfoque integral y centrado en las personas podemos garantizar que la desinstitucionalización se traduzca en una mejora significativa en la vida de las personas afectadas y en una sociedad más justa e inclusiva para todos.